Manifestación en Madrid contra Eurovegas, por el medio ambiente, el clima y la justicia social

Reblogueado de Eurovegas No.

Por el medio ambiente, el clima y la justicia social

La plataforma madrileña “Eurovegas No” se manifestó en Madrid el domingo 22 de abril, Día de la Tierra con otras oeneges en un “Pasacalle por el medio ambiente, el clima y la justicia social”.

El miembro de la plataforma “Eurovegas No”, Jesús Bartolomé, ha subrayado que el proyecto sigue la línea especulativa habitual en España y supone un impacto medioambiental muy fuerte especialmente por el uso abusivo del agua en los campos de golf, en detrimento de ayudas a la energía renovable. “Es un proyecto insostenible desde el punto de vista social y medioambiental, ya que el gobierno anuncia la creación de muchos empleos pero diariamente desde la administración se destruyen puestos de trabajo que afectan a servicios básicos como la educación o la sanidad”, ha explicado Bartolomé.

Manifiesto leido en el pasacalles con motivo del día de la Tierra celebrado en Madrid el 22 de abril de 2012 en el que participó la Plataforma “Eurovegas No”:

Las medidas que el Gobierno central y la Comunidad de Madrid están desarrollando con la disculpa de actuar contra la crisis suponen la destrucción de empleo, un drástico recorte de derechos laborales y sociales, y un profundo trasvase de rentas desde los sectores populares a las élites empresariales. Pero además se está poniendo en riesgo el mantenimiento de políticas y normativas medioambientales y de lucha contra el cambio climático, que son imprescindibles para un cambio de modelo productivo que evite el deterioro de los ecosistemas naturales.
El discurso de las administraciones, centrado en la supeditación del medio ambiente a las necesidades de la economía, olvida que la economía debe servir a la satisfacción de las necesidades humanas y no al contrario, y de que el ser humano depende de la naturaleza para su supervivencia. Olvida que el actual modelo, depredador de la naturaleza, promotor de la injusticia social y de la desigualdad de género, es el causante de la crisis económica, pero también de las crisis humanitarias, alimentarias, medioambientales, energética.Especialmente urgente es la lucha contra el cambio climático, del que  sufriremos sus más duros efectos durante muchas décadas si no tomamos medidas rápidas. No podemos mantenernos pasivos cuando se aparca la ambición en los acuerdos internacionales para la mitigación del cambio climático, permitiendo que la temperatura pueda superar los niveles de seguridad marcados por la comunidad científica.El agotamiento de los combustibles fósiles y el uranio, y la urgencia de la lucha contra el cambio climático hacen prioritario ser capaces de pasar de un sistema basado en las fuentes de energías fósiles y nucleares a un sistema basado en renovables. Esto es posible si hay voluntad política. Pero el alargamiento de la vida de Garoña, la decisión de construir el ATC en Cuenca, las explotaciones de gas y petróleo no convencionales y la moratoria a las renovables han sido decisiones que van en sentido contrario y que están teniendo una importante respuesta social. La supresión de las retribuciones para nuevas instalaciones de energías renovables, que se añade a los recortes y limitaciones que estas tecnologías limpias habían sufrido en los últimos años, especialmente la fotovoltaica, es un golpe letal para un sector puntero en cuanto a desarrollo tecnológico e innovación, contribución al ahorro de importaciones energéticas, reducción de emisiones de CO2 y generación de empleo. Con ese recorte además se perderán miles de puestos de trabajo en el único sector capaz de garantizar el suministro energético a largo plazo.

Tampoco se está avanzando en medidas de ahorro y eficiencia en la edificación ni en movilidad sostenible. Medidas que avanzan en la dirección de la democratización de la energía, la sostenibilidad y la independencia, aspectos que no interesan a las grandes empresas del sector a las que obedecen las distintas administraciones públicas en contra de los intereses de la ciudadanía.

Un futuro sostenible y social implica el control democrático de los recursos. Pero las políticas de recortes y de privatización están llegando también al medio ambiente. No podemos permitir que aspectos tan básicos y necesarios como el agua sean gestionados de manera privada, con la única intención de obtener beneficios monetarios para unos pocos. El Canal de Isabel II no puede pasar de ser una empresa pública rentable a constituir una mercancía con cuyo comercio se puedan enriquecer algunas multinacionales.

El urbanismo disperso y depredador y la no contención del tráfico de vehículos empeoran la calidad del aire en Madrid. Las soluciones están enunciadas desde hace tiempo: rehabilitación de edificios y espacios urbanos y movilidad sostenible, políticas que además generan empleo. Por eso no podemos aceptar proyectos como el de Eurovegas, o la construcción de campos de golf y urbanización en espacios naturales, que ahondan en un modelo de ciudad y de economía especulativa, elitista e insostenible que crea empleo precario y sin derechos, como tampoco podemos permitir una ley sobre viviendas rurales que permita la edificación sin control, ahondando en un modelo que se ha demostrado insostenible. *Frente a estas normativas, reclamamos un modelo que potencie la agricultura local y los circuitos cortos de consumo.

Reclamamos además un sistema de transporte público de calidad y asequible. Rechazamos las medidas de incremento de precios y recortes de servicios que viene aplicando reiteradamente la administración de la Comunidad de Madrid, al tiempo que se invierten miles de millones de euros en potenciar el transporte privado, mediante la construcción de más autopistas, como el cierre de la M-50, la prolongación del desdoblamiento de la M-501 o la construcción de la nueva radial autonómica MR-1. Medidas que no solucionan los problemas de accesibilidad y que supondrán mayores emisiones y contaminación para Madrid, deterioro de los ecosistemas y perjuicio económico para la población.

Tampoco podemos aceptar que las políticas de residuos en vez de apostar por su reducción y por la recuperación de materiales, impulsen proyectos de final de tubería basados en la incineración, como el de Loeches y otros, que ponen en riesgo la salud de la población y el medio ambiente.

Muchas más son las carencias de las políticas medioambientales que se están tratando de imponer y que además tienen efectos sociales y para el empleo negativos. El que se profundice y consolide esta orientación depende en gran medida de la respuesta que demos los sectores sociales afectados por ello. El cambio hacia una sociedad sostenible y solidaria depende de nuestra voluntad para hacerlo posible.

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